Un juez de la república, respondiendo a una acción de tutela, ordenó en días anteriores al presidente De La Espriella ofrecer disculpas públicas por haber violado la neutralidad religiosa del Estado en su acto de posesión.
La tutela interpuesta por un ciudadano que sintió vulnerados sus derechos buscó poner de manifiesto que el acto de invocación y oración, que incluyó las palabras de un rabino, un pastor protestante y un obispo católico, vulneró la neutralidad del Estado en la sesión del Congreso en la que el mandatario juró como presidente de Colombia.
El mandatario procedió, en una alocución dirigida a la nación, a ejecutar la solicitud de excusas públicas y se comprometió a respetar las libertades religiosas de cualquier ciudadano que profese cualquier credo religioso o que no tenga ninguno. Igualmente, recordó el derecho que como ciudadano la Constitución le confiere para profesar su fe personal de forma pública o privada. Concluyó sus palabras con la invocación “Que viva Cristo rey y que Dios bendiga a Colombia”.
Durante la semana, muchos creyentes respaldaron su posición haciendo suya la invocación a Cristo rey en redes sociales. Otros criticaron la postura presidencial, sosteniendo que irrespetaba la aconfesionalidad del Estado colombiano y que desatendía la sensibilidad de quienes no profesan la fe católica o se declaran no creyentes.
El debate sobre la laicidad del Estado está puesto sobre la mesa y vale la pena darlo con altura de argumentos y no simplemente con posturas pasionales. Efectivamente, el estado colombiano, en el artículo 19 de la Constitución Política, garantiza la libertad de culto de cualquier ciudadano y la igualdad de todas las confesiones religiosas e iglesias ante la ley. No existe en Colombia una religión de Estado.
La ley suprema y la jurisprudencia que de ella se ha derivado garantizan la separación entre cualquier iglesia o denominación religiosa y el Estado. Esto no significa que el Estado colombiano sea indiferente a las creencias religiosas de los ciudadanos o que esté en contra de cualquier manifestación privada o pública de la fe. Todo lo contrario, la Constitución del 91, en su preámbulo, invoca abiertamente el nombre de Dios, reconociendo el carácter creyente de la gran mayoría de los colombianos. Asimismo, busca tutelar la libertad para la práctica religiosa que la persona desee adoptar, garantizando así una pluralidad de confesiones en igualdad de condiciones ante la ley al interior de la nación.
Esta tutela de una amplia libertad religiosa tiene conexiones con aquella libertad que la Iglesia católica defiende para profesar cualquier credo, sin ningún tipo de constreñimiento y en el ámbito del respeto a la consciencia individual. Así viene consignado y defendido por el Decreto Dignitatis Humanae, aprobado por el Concilio Vaticano II en 1965 y por medio del cual, la Iglesia se ha hecho defensora y promotora del derecho a la libertad religiosa en todo el mundo.
Superando posturas adoptadas en otras épocas, la Iglesia declara abiertamente que la auténtica experiencia de fe se debe realizar en la plena libertad de la persona, de acuerdo a la respuesta consciente y libre frente a la propuesta de creer. Nadie, ni siquiera el poder del Estado, es capaz de decidir en qué o en quién debe poner su creencia la persona. Como gustaba subrayar el papa Benedicto XVI, la Iglesia propone la fe, no la impone. Así la Iglesia católica se considera amiga de la libertad religiosa, de hacer su propuesta de fe de manera abierta, sin sufrir hostilidad de parte del Estado o de algún ente social. Ella acepta e impulsa el derecho a la libertad religiosa como un valor fundamental y universalmente reconocido.
Entonces, los católicos no somos ajenos al sano laicismo que pretende promover la Constitución nacional. Por el contrario, queremos que este se realice. Buscamos respetar, valorar y acatar la conveniente separación entre la Iglesia y el Estado, entre la Iglesia y cualquier orden o partido político. La Iglesia, de hecho, promueve esta saludable distinción, ya que esta separación de ámbitos le otorga mayor libertad para hacer la propuesta del Evangelio a cualquier tipo de persona, sin distinción de ideología social o política. Así como le da la posibilidad al creyente de responder al acto de fe de manera totalmente libre y ajena a cualquier forma de coacción social o moral.
Finalmente, vale la pena subrayar en la polémica presente sobre la laicidad del estado colombiano un elemento clave que se ha descuidado: el respeto por la creencia ajena. Respeto del Estado por los creyentes; respeto de los creyentes por la neutralidad del Estado; respeto hacia los funcionarios para que puedan profesar libremente su fe; respeto de los funcionarios hacia aquellos que no la profesan. Así, se va construyendo un país que promueve cada vez más sus libertades y da campo para que los valores que viven los creyentes en sus decisiones personales tengan su adecuada expresión en el debate público.
Fuente:Dirección - elcatolicismo.com.co
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